El Ayuntamiento de La Frontera ha sacado a licitación un contrato, que se realizará en tres lotes por un importe total de 58.731,52 euros, para la instalación de placas fotovoltaicas para la autosuficiencia energética en edificios municipales.

El alcalde, Pablo Rodríguez Cejas, ha destacado esta inversión del consistorio que se espera financiar con cargo a las subvenciones para la “Transición verde”, cofinanciadas en el ámbito del programa FEDER Canarias 2021-2027. “Con esta acción reforzamos la apuesta municipal con el uso de las energías limpias para una menor dependencia de la red eléctrica y un mayor compromiso con el Medio Ambiente, a parte del ahorro económico que ello supone”.

Los tres edificios municipales en los que se instalarán estas placas son la propia casa consistorial; el módulo de Servicios Sociales y la instalación que alberga a la Policía Local. 

El concejal de Obras y Servicios Municipales, Marcos A. Casañas Barrera, ha explicado estas acciones que posibilitarán dotar a estas infraestructuras públicas de paneles solares para garantizar la eficiencia energética y procurar un mayor ahorro. “Nuestro objetivo es que los equipamientos municipales generen su propia energía y sean autosuficientes”.

Los proyectos licitados tendrán una temporalidad para su ejecución de dos meses desde la firma del contrato, una vez conocida la adjudicación.

El proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo para la Casa Consistorial contempla la dotación de 34 paneles solares con un importe 22.704,20 euros; las dependencias de los Servicios Sociales municipales también dispondrán de 34 placas conectadas a la red, con un presupuesto de 21.114,76 euros. Por su parte el edificio que alberga la Policía Local contará con 16 paneles con un valor de 14.912,56 euros.

Los proyectos que fueron aprobados en el mes octubre recogen entre otras cuestiones el estudio y la definición del conjunto de normas y características técnicas a que deberán ajustarse las instalaciones fotovoltaicas.

De esta forma el ayuntamiento, responde en el ejercicio de sus competencias a los principios de ahorro y eficiencia dentro del marco general previsto en sus actuaciones.