Ni febrero, ni junio, ni septiembre ni noviembre. En el registro de entrada de este Parlamento sigue sin aparecer el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. A día de hoy ni moratoria ni ley, que ni está ni se la espera.

Muchas discrepancias dentro de un gobierno que no termina de asumir el texto del borrador. Querían „ponerle el cascabel al gato“, pero el gato se les ha convertido en tigre y no logran ponerle el cascabel.

Mientras tanto, la FECAM lleva más de un año de negociaciones con un gobierno que, les aseguró, plasmaría sus reivindicaciones en el texto del anteproyecto pero, de repente y sin explicación alguna, las reuniones cesaron el pasado verano, se publicó el borrador y en él se hizo caso omiso a esas reivindicaciones.

La actitud de la consejera durante el consejo municipal de Canarias en septiembre sorprendió negativamente a la FECAM y no hubo más reuniones hasta la semana pasada. La posición de la FECAM en esta materia es unánime. Preocupados por la VV y formando parte de los actores que más las sufren, quieren que se resuelva cuanto antes y de manera razonable. Pero el anteproyecto hace recaer todo el esfuerzo y responsabilidad económica sobre los ayuntamientos.

Si hablamos de competencias, el Gobierno de Canarias las tiene sobre la inspección turística y hasta ahora las inspecciones no serán priorizado. No sabemos a qué esperan para aprobar un plan de inspección que acabe con quienes verdaderamente desconfiguran el mercado y generan una competencia agresiva.

El anteproyecto está plagado de distorsiones, de normas de imposible aplicación, de procedimientos duplicados y es un caldo de cultivo para reclamaciones y problemas de consolidación. Pretenden que los Ayuntamientos establezcan una compatibilidad de uso con un planeamiento que no existe. Exigen que se verifique la actividad clasificada, careciendo de una normativa específica para viviendas vacacionales.

Penalizan a quienes gestionan su vivienda vacacional por medio de explotadores turísticos profesionalizados. ¿Y qué conseguirán? Que se rescindan los contratos con estas empresas, generando así una gestión menos profesionalizada del sector.

El techo de camas que establecen en el texto no se adapta a la realidad de las islas y de sus municipios. Es más, a pesar de que la consejera ha criticado públicamente que solo dos municipios canarios han hecho su trabajo para regular el alquiler vacacional, su texto choca frontalmente con los planes municipales existentes.

Para evitar la especulación, restringen la transmisión de licencias, pero olvidan que la importancia de las viviendas vacacionales radica precisamente en que suponen una renta complementaria para las familias canarias, por lo que la transmisión mortis causa debería admitirse. Y es que nadie muere con fines especulativos…

Y así un largo listado de sin sentidos y otro incumplimiento, el incumplimiento reiterado de una prometida regulación que ha producido un efecto llamada que siguen osando negar y que ha invadido al sector con una enorme inseguridad jurídica.

Ayer la consejera anunciaba que en la última semana se han acercado posturas con los Ayuntamientos, algo que ya hemos oído antes. Esperemos que esta vez ese acercamiento se vea reflejado en el texto, un texto que ahora nos prometen llegará al Parlamento antes de final de año. Quedamos a la espera.